Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, dice que la Reforma va en el contrasentido del mundo, donde se está aumentando la inversión en energía limpia. Los especialistas alertan que representa un grave retroceso medioambiental —en plena crisis climática—, resta competitividad a las empresas y viola múltiples acuerdos comerciales. Te explicamos qué impacto tendrá en la generación de electricidad limpia durante los próximos años.

Reforma Energética: el sector eléctrico, en manos del Estado

Un apartado de la reforma es que el Estado, a través de su empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE), retoma por completo el control de la generación, distribución y comercialización de la electricidad en México, al garantizar el 54% de su participación en generación eléctrica a la CFE a costa de la inversión privada.

Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, en entrevista para Tec Review, explica otro aspecto preocupante: el Estado se convierte en el rector de la transición energética en México, a pesar de que la CFE no tiene parques fotovoltáicos ni eólicos propios.

“El mundo está haciendo un mayor uso de la electricidad, pero a partir de fuentes de energía renovable. La tendencia es que los vehículos sean eléctricos y los hogares usen más energía eléctrica confiable y accesible y la gran propuesta del gobierno es un monopolio de Estado para atender la demanda”, comenta.

Por su parte, Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), agrega que: “la CFE es un actor que no tiene energías renovables, no tiene estrategia de transición energética, pero va a ser el encargado de ser el rector del tema. Es absurdo”.

Las energías limpias, al último lugar

México se comprometió de manera voluntaria en el Acuerdo de París a que en 2024 el 35% de su electricidad será de energías limpias.

Sin embargo, la Secretaría de Energía ya reconoció que –en el mejor de los casos– producirá 31% y quizá menos si se aprueba la propuesta de reforma.

Y es que el Poder Ejecutivo introdujo cambios que revertirían el esquema de abastecimiento para favorecer a sus plantas termoeléctricas (tecnologías que no se han modernizado desde la década de 1960 y son muy contaminantes).

Desde la Reforma Energética de 2013, el modelo de abasto de la CFE funciona así: en las mañanas compra las energías más baratas y limpias (solar y eólica, provenientes de empresas privadas), en el transcurso del día va cambiando hacia las plantas hidroeléctricas y solo hasta la noche enciende sus termoeléctricas.

Enrique de la Madrid explica que el corazón de la propuesta de reforma se dirige a que la CFE compre el combustóleo que le sobra a Petróleos Mexicanos (Pemex) en sus refinerías para utilizarlo en las termoeléctricas.

“Ese material ya no lo quieren en el mundo porque es muy ineficiente para generar electricidad y es muy sucio, pero como Pemex no sabe qué hacer con el sobrante, quiere que la CFE lo compre para producir electricidad”.

Mientras el mundo atraviesa una crisis ambiental sin precedentes por el uso desmedido de los hidrocarburos, la propuesta del gobierno es usar más combustibles fósiles.

La CFE absorbe al Centro Nacional de Control de Energía, el organismo que decide en qué momento las centrales inyecta su energía a la red a partir del criterio de mérito económico.

“La CFE tendría el poder de decidir que primero despachen todas sus centrales y mandaría al final de la fila a las renovables. Se cancela así la posibilidad de más inversión privada en renovables en México”, añade Ocampo.

 

Subsidios para compensar pérdidas de CFE

Paradójicamente, con esta reforma aumentarían los gastos de la CFE para abastecerse de energía.

En 2020, la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt-hora, mientras que el costo promedio de la producida por CFE fue de 1,413 pesos, de acuerdo con el IMCO.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 contempla 73,000 millones de pesos para la CFE por concepto de subsidios para compensar las pérdidas en las tarifas eléctricas, en 2020 y 2021 fueron 70,000 millones, indica el maestro por la London School of Economics and Political Science.

Es un despropósito que la CFE se gaste tantos recursos en subsidios y no en la construcción de parques de energías renovables.

“Hay seis centrales de ciclo combinado, pero no hay inversión en energías limpias, salvo un parque de 1,000 megawatts solares que anunció el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y está en veremos”, dice Ocampo.

 

Empresas perderían competitividad

Las empresas perderían competitividad porque el gobierno subsidiaría el uso residencial de la electricidad pero le cargaría el costo al sector privado.

Y más allá, a nivel internacional los países que han invertido en una transición energética basada en fuentes renovables impondrían aranceles a los productos mexicanos por haber sido fabricados con base en energías sucias.

“No se pueden tener criterio medioambientales más laxos y pretender que vas a comerciar con países que tienen criterios estrictos”, observa Ocampo.

 

Se incumplirían acuerdos comerciales

Compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico se violarían con repercusiones comerciales importantes.

El gobierno mexicano dio confianza a inversionistas extranjeros al respetar el Estado de derecho por primera vez con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y su versión moderna, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), documento que consolida la apertura del sector energético.

 

“Esta reforma es un ataque legal contra la certidumbre jurídica, la certeza de las inversiones y en contra del Estado de derecho en la economía mexicana”, observa Oscar Ocampo.

“La posibilidad de que México tenga que presentarse en arbitrajes internacionales a defender su política energética es muy real”.

En el T-MEC se reconoce el derecho del Estado Mexicano de cambiar su constitución, pero un apartado en el capítulo 8 dice que las modificaciones no deben ir en detrimento de los inversionistas estadounidenses y canadienses.

El artículo 32 inciso 11 dice que México se compromete a otorgarle el mismo nivel de apertura a Estados Unidos y Canadá en energía, comercio transfronterizo de servicios y en empresas propiedad del Estado.

De igual forma, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó preocupación por la propuesta en Twitter:

“Tuve reuniones importantes con el gobierno de México para discutir la reforma del sector eléctrico. Quiero aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta. También expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos”.